Introducción
En nuestro país parece que gusta cada vez más que las pensiones sean promovidas hacia los planes de pensiones, pues la derecha nunca ha creído en una seguridad social universal. Por otra parte, muchas personas trabajadoras han suscrito fondos de pensiones como parte de su salario diferido y todas las grandes empresas y administraciones tienen el suyo, en total más de 100.000 millones de euros.

La legislación española que regula los fondos de pensiones es muy rígida y restrictiva, y podría haber favorecido los intereses de grupos de presión ligados a la banca y aseguradoras para favorecer un negocio cautivo y dar estabilidad a las grandes corporaciones financieras. Las gestoras de fondos de pensiones disponen de un negocio muy rentable gestionando los fondos de pensiones como un fondo de inversión más, con algún requerimiento extra de seguridad que la misma ley les impone, además en los fondos de pensiones de empleo se dan también algunas comisiones de control sumisas y autocomplacientes.

No obstante, la legislación permite invertir en empresas no cotizadas un pequeño porcentaje del patrimonio y en empresas con los mejores índices de responsabilidad social corporativa. Sólo unas algunas comisiones de control están planteando exigencias en este sentido a sus gestoras. ¿Qué están haciendo las personas trabajadoras a través de sus representantes para asegurarse de que su dinero está invertido de acuerdo con sus valores morales? ¿Hay alternativas? ¿Podemos hacer algo más con nuestros ahorros?

Al mismo tiempo, algunas instituciones, nada sospechosas de militancia ecologista radical como Moody’s, Banco de Inglaterra y Blackrock, han reconocido un riesgo financiero sustancial en la inversiones en combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), que es subestimado por las gestoras que están poco preparadas para su análisis. El riesgo es especialmente significativo para los trabajadores que han suscrito planes de pensiones. Sin contar que las potenciales pérdidas para los activos ligados a la industria de los combustibles fósiles conllevan un riesgo sistémico, siendo éstos uno de los motores del actual sistema económico.

En este artículo se ilustran algunas alternativas, que en otros países están funcionando, de forma que además de desinvertir en actividades social o medioambientalmente negativas, como el armamento o los combustibles fósiles, también invierten en actividades útiles, social o medioambientalmente. Estas alternativas de inversión no son fáciles de analizar para las gestoras, ya que son empresas o entidades que no cotizan en bolsa, siendo el control más complejo y costoso, y si además son empresas sociales las metodologías convencionales deben complementarse, y esto las gestoras no saben cómo hacerlo. Por supuesto, las empresas sociales que serían objeto de inversión deberían mejorar en la transparencia de gestión y el sistema de Reporting.

También la legislación española debería adaptarse a los nuevos requerimientos. El gobierno ha anunciado que los planes de pensiones se podrán rescatar cumplidos 10 años, pero hay legislaciones, como Francia o Quebec que son más abiertas y facilitan la modernización de su economía, también la economía social.

En la economía social española existen alternativas de inversión que pueden satisfacer las exigencias legales de una gestora de fondos que tenga un mandato claro de invertir alternativamente un muy pequeño porcentaje de su patrimonio.
Si las personas trabajadoras y sus representantes se esfuerzan por actuar de forma coherente con sus valores para asegurar un futuro mejor social y medioambientalmente también deberían exigirlo en cuestiones tan importantes como la gestión de los planes de pensiones.

Hacer frente al capitalismo apoyando las empresas sociales

Las empresas sociales, tradicionalmente enfocadas a una gestión responsable y de calidad de los servicios sociales mediante conciertos y concursos con la administración, se enfrentan a un escenario nuevo, con un mercado creciente, cambiante e incierto a la vez.

Es una tendencia imparable el envejecimiento de la población en Europa. Según IDESCAT, sólo en Cataluña en el período 2015-2030 el peso de la población entre 74 y 85 años crecerá un 35% (hasta casi 650.000 personas), y la de más de 85 años crecerá un 47% (hasta casi 350.000 personas). La población catalana de más de 74 años pasará en los próximos 15 años de 700.000 a 1 millón de personas.

Número de plazas para 3a edad por comarcas en 2017

Al mismo tiempo, asistimos al aumento de crisis sociales agravadas por las políticas de austeridad: falta de acogida de refugiados, desahucios, violencia de género, pobreza infantil, vivienda social, aumento de la desigualdad, etc. que afectan a cada vez más sectores de población y aumentan la demanda de servicios sociales, coincidiendo con los recortes impulsados por los gobiernos conservadores tanto en Cataluña como en el conjunto del estado.

Y en cambio, vemos cómo un largo periodo de volatilidad en la bolsa unido a un estancamiento de bajos tipos de interés, impulsan al capital, organizado en torno a fondos de inversión y grandes conglomerados empresariales, hacia sectores como el inmobiliario y la gestión privada de servicios públicos (sanidad, educación y atención a las personas). Es una buena ilustración de este fenómeno ver cómo, en el periodo 2007-2017, el peso relativo de las plazas de residencia propiedad de empresas de iniciativa social en Cataluña ha caído dos puntos, mientras que el de las plazas en propiedad de empresas mercantiles ha aumentado un punto.

Una de las dificultades de las empresas sociales es la lentitud en la incorporación de capital. Esta lentitud, que no es exclusiva de las empresas sociales españolas ni catalanas, deriva de su estructura y de las condiciones en que deben operar. Las entidades sociales especializadas en la gestión de servicios de atención a las personas han de competir en desventaja, pues soportan mayores costes, con los operadores privados mercantiles y, aunque sus modelos de negocio pongan el énfasis en las personas (usuarias y trabajadoras), la contratación con la administración continúa favoreciendo el precio por encima de la formación, la estabilidad laboral y la calidad del servicio.

Aun así, existen muchas empresas sociales que han mostrado una gran resiliencia y se han adaptado al nuevo entorno, incorporando nuevas tecnologías, innovando en servicios, gestionando bien sus costes, entrando poco a poco en el mercado privado, fidelizando a las personas trabajadoras y a las usuarias.

Nivel de afectación directa aflorada (pública) de la violencia machista en Catalunya

Por otro lado, con el aumento general, aunque desigual, de la conciencia social y medioambiental aparecen movimientos que reclaman la desinversión en valores asociados a la aceleración del cambio climático (como los combustibles fósiles) además de tabacaleras, armas, apuestas, prostitución, etc. Y existen cada vez más personas y entidades comprometidas con los valores de la ética y la responsabilidad a largo plazo, como los inversores sociales o de triple retorno: social, medioambiental y financiero.

En paralelo a estos movimientos, la banca ética (FIARE BANCA ETICA, TRIODOS) se ha implantado en España y está en condiciones de dar la respuesta necesaria para impulsar su crecimiento y expansión mediante el apoyo a empresas sociales solventes y bien gestionadas.

En esta situación, se dan las condiciones para que las entidades sociales puedan construir iniciativas, con las que aumentar su peso proporcionando servicios de calidad con las mejores condiciones de responsabilidad social i medioambiental, haciendo frente a los grandes conglomerados industriales y proporcionando una alternativa de inversión responsable.

Existen en nuestro país entidades que ilustran cómo construir una alternativa exitosa para la captación de capital y recursos financieros suficientes al servicio de las empresas sociales. Alguna muy imaginativa, como una alianza estratégica entre entidades de cuatro sectores clave: empresas sociales, banca ética y cooperativa, inversores sociales e instituciones sociales para captar y canalizar adecuadamente recursos económicos que impulsen el crecimiento y la expansión de las empresas sociales, mediante la construcción o adquisición de equipamientos sociales, como centros residenciales para personas mayores, centros de apoyo a mujeres maltratadas, centros residenciales para la infancia en riesgo, etc.

Entidades que maximizan las medidas de ahorro, eficiencia y generación energética mediante renovables y aplican condiciones laborales que favorecen la implicación, la corresponsabilidad y la estabilidad de las personas trabajadoras.

Existe en Catalunya una iniciativa en la que el conjunto de las empresas sociales participantes suman un volumen de servicios de más de 120 millones de euros, para más de 85.000 personas atendidas y con más de 5.000 personas trabajadoras. Y se plantea construir nuevos equipamientos sociales por valor de 30 millones de euros, que generaran más de 250 puestos de trabajos directos con una aportación de capital social de 3 millones de euros.