¿Puede una ley crear instrumentos para financiar cooperativas?

Si, puede, pero creo que a las cooperativas no les gusta la idea.

Muchos estados democráticos avanzados se están dotando de una ley de la economía social (España, Francia, Bélgica, Portugal, Méjico, Quebec,…). El estado español fue pionero, y después de más de 3 años desde su publicación, el reconocimiento del papel de las empresas de economía social en el desarrollo socioeconómico del país es todavía injusto, aunque la ley fue sin duda un paso muy importante.

En un estado con 17 comunidades y dos ciudades autónomas, nos encontramos con casi otras tantas leyes de cooperativas y una ley estatal de economía social, además de otras leyes que afectan muy directamente al sector (emprendeduría, mecenazgo, beneficios fiscales,…), si a esta diversidad le añadimos sucesivas modificaciones y novaciones resulta una complejidad grande, y se convierte en seña y a la vez debilidad del sector. Esta situación contrasta con la de otros países vecinos con una gran estabilidad jurídica en comparación.

Esta circunstancia no me parece menor cuando observamos que no existen instrumentos financieros (capital riesgo, garantías, mercado secundario,…) propios de la economía social a nivel estatal, por muy necesarios que sean.  Y quizás no puedan existir en este marco, como algunas experiencias parecen sugerir, ya que la sostenibilidad técnica de tales organismos exige, en general, un mercado mayor del que representan casi todas las autonomías individualmente.

En este sentido, leyes como las de Quebec, Italia y Francia, facilitan al mismo tiempo la cohesión y el impulso del movimiento cooperativo y la economía social y solidaria en general, mediante la creación de fondos autogestionados, constituidos por las mismas empresas de la economía social, más allá de las familias (agrarias, asociaciones, mutuas, de consumo, de crédito, de trabajo, fundaciones,…), con la participación de los agentes sociales y en menor medida de los gobiernos.

En estos momentos, con una financiarización profunda de la economía y la vida de las personas, desde la economía social deberíamos ser capaces de ofrecer una alternativa real a tanta gente que reconoce como cantos de sirena cuando bancos y multinacionales hablan de responsabilidad social. Para construir y afianzar esa alternativa será necesario disponer de instrumentos financieros independientes, y en esto nuestras leyes, estatales y autonómicas, deberían ayudar. Aunque quizás primero sea el movimiento social quien ponga en marcha sus propias soluciones. Nos queda mucho camino por recorrer, sabemos como hacerlo y la sociedad está preparada.

(Artículo aparecido en la revista Alternativas Económicas núm 18)

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