La Unión Europea y sus Estados miembros siempre han publicitado su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. El compromiso de reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y del 80 al 95% en 2050, que se plantea en las negociaciones internacionales sobre el clima que tendrán lugar en París el próximo diciembre en el marco de la COP21, así lo ilustran. El acuerdo, que se firmará para reducir el calentamiento global por debajo de los 2º C de aquí a final de siglo, estará condicionado a la potencia financiera que los actores públicos y privados pongan en juego.

En otro nivel, en muchos países europeos, existen iniciativas ciudadanas y de entidades financieras: como Ecopower y Credal en Bélgica, Caisse de Dépots, La NEF, Énergie Partagée i Enercoop en Francia, Oekogeno en Alemania o Triodos, Fiare Banca Ética, Savia Solar, Som Energia y Goiener en España, que han movilizado recursos al servicio de la transición energética y ecológica que figura entre sus prioridades estratégicas.

La transición a una economía sostenible, baja en carbono requiere en efecto un movimiento ciudadano potente que impulse el compromiso de las entidades e instituciones para poner en juego inversiones muy significativas en la renovación de edificios (no sólo la rehabilitación energética), la construcción de nuevas infraestructuras (redes inteligentes (smart grids), energías renovables, redes de calor y frío,…), soluciones para un transporte limpio e inteligente, y también para financiar las empresas de la transición. Sólo para Francia, Caisse de Dépots estima que serán necesarios 60.000 millones de euros al año. En España, Gobierno y lobby eléctrico-financiero-inmobiliario todavía piensa que lo del cambio climático no está claro y que hay que seguir haciendo “business as usal”.

El desafío de este siglo es el compromiso con una transformación rápida de las economías, tanto en el Norte como en el Sur, para hacerlas compatibles con la preservación de un clima habitable para las generaciones futuras. Y en este desafío las ciudades tienen mucho que hacer, en los ayuntamientos como Barcelona, Madrid, Cádiz, Valencia, Zaragoza, A Coruña y otros, recientemente ganados por movimientos ciudadanos progresistas, existe sin duda la voluntad política. Tenemos una gran responsabilidad y el reto es fantástico, pero debemos tener también la habilidad política para comprometer a la oposición y poner los recursos necesarios para coimpulsar las iniciativas ciudadanas y movilizar la iniciativa privada ante este desafío.